Sin duda la industria forestal ha sido, es y, al parecer, seguirá siendo un negocio muy rentable. La evolución de las exportaciones de sus productos mantiene un notable ascenso, sus mercados se amplían, se abren nuevas plantas de celulosa y, junto con esto, se abren nuevas plazas laborales sobretodo en regiones donde existen grandes áreas de plantaciones y donde los porcentajes de pobreza alcanzan los dos dígitos.Sin embargo, lo bueno, dicen, dura poco. Casos conocidos por la opinión pública (a esta altura ya emblemáticos) como la muerte de cisnes de cuello negro en la sureña Valdivia o aguas contaminadas en ríos como el Mataquito en el Maule han contrastado las épocas gloriosas de los empresarios forestales con su mayor problema: la contaminación ambiental.
Pero “a este perro enfermo con rabia” no se le puede sacrificar. La autoridad no puede resolver este conflicto, por ejemplo, clausurando plantas contaminantes (solución soñada para los defensores de la naturaleza) ya que estas inconscientes y dañinas, para muchos, empresas forestales otorgan riqueza al Estado, puestos de trabajo, desarrollo al país o materias primas claves.
Cierto es, y ya no pensando tan radicalmente, que las empresas forestales deben ceñirse a una ley. Se podría pensar entonces que las leyes vigentes no sirven, que hay que modificarlas o que quienes las tramitan valen menos que una hoja de papel y no entienden nada de contaminación ambiental. ¿Será tan así?
Si queremos campos de flores bordados o algo parecido a una copia feliz del edén no podemos cerrar estos templos lignínicos, puesto que se estaría matando un equilibrio para crear otro. Los empresarios deberán poner de su parte e invertir en tecnologías menos contaminantes, pero a la par con esto las leyes deberán ser modernizadas y aplicadas por igual, no importando si el apellido del empresario forestal es Pérez o Angelini.
